02/08/2021

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¿Por qué funciona el modelo vasco de alquiler social?

Prueba 4

El rifirrafe que se trae estos días el Gobierno con la futura Ley de vivienda ha hecho que muchos se hayan fijado en el País Vasco como un posible ejemplo a seguir. Esta comunidad lleva años trabajando en la creación de un importante parque público de viviendas que a día de hoy alcanza ya los 25.000 pisos. ¿Cuáles han sido las claves de su éxito?

Para empezar, el País Vasco tiene una primera ventaja que la diferencia de otras comunidades. Y es que el Ejecutivo de aquí tiene la capacidad de hacer sus propias políticas de vivienda y finalizarlas con cargos a fondos vascos. «Esto es importante porque los responsables de hacer la política, de evaluarla, de seguirla y de financiarla somos nosotros mismos», explica Mario Yoldi, Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco.

Pero esta ventaja es sólo la primera piedra sobre la que se han ido colocando una serie políticas que al final el tiempo y la experiencia han dado por buenas. Porque si algo tiene claro Yoldi es que el éxito del modelo vasco reside en «las apuestas» que se hacen a lo largo del tiempo. «Lo que siempre intentamos es defender la función social de la vivienda pública. Intentamos defender una política que siempre tiene que ser a largo plazo, que no cambie, una política permanente», comenta. «A mis jefes les digo que para que esto funcione tenemos que ser muy aburridos«.

La joya de la corona de esas apuestas llegó en 2015 con la aprobación, no sin esfuerzo, de la nueva ley de vivienda. Esta norma, pilar básico del modelo vasco de alquiler social, convirtió al País Vasco en la primera comunidad autónoma, y uno de los primeros territorios a nivel europeo, en reconocer el derecho subjetivo de la vivienda. Esto quiere decir que los ciudadanos podrán exigir al Gobierno de Urkullu una vivienda en alquiler o en su defecto una ayuda económica que les ayude a pagar la renta de la vivienda libre a la que quieren acceder. Pero para hacerlo deberán cumplir una serie de requisitos:

  • Llevar cuatro años registrados en Etxebide (el registro público vasco de demanda de vivienda) como demandantes de alquiler 
  • Tener unos ingresos que no superen los 15.000 euros anuales en el caso de las unidades familiares con tres miembros, los 12.000 euros si son dos y los 9.000 euros si se trata de una única persona.

A día de hoy hay 6.200 hogares que tienen reconocido ese derecho subjetivo de la vivienda, una cifra bastante alta para un territorio tan pequeño. Además, otros 30.000 hogares reciben al año una prestación al alquiler para ayudarles a pagar las rentas de una vivienda libre. «Es una apuesta muy fuerte«, comenta Yoldi. «Si asumes una política como esta pues el siguiente paso te obliga a que toda la iniciativa pública que se construya en el País Vasco sea, ya desde el 2020, única y exclusivamente en alquiler. Es decir, el Gobierno Vasco tiene que destinar todos sus esfuerzos al alquiler«.

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¿En qué consiste el plan Bizigune?

Para hacer frente a esa demanda de alquileres de los ciudadanos también se puso en marcha el bautizado como plan Bizigune y que Housing Solutions Platform llegó a incluir en su lista de las 50 ideas más innovadoras de Europa en 2019. Este plan pretende movilizar las viviendas vacías que se encuentran en manos de particulares para ponerlas en el mercado a través del alquiler protegido.

Los propietarios de viviendas vacías firman un contrato de seis años de duración con el Gobierno Vasco para ponerlas a su disposición a cambio de una serie de garantías, como recibir todos los meses puntualmente el pago de un alquiler determinado por las características de la vivienda o el estado del mercado. «El inquilino se lo seleccionamos nosotros y cuando termine el contrato le devolvemos la casa en las condiciones adecuadas y el propietario decide si quiere seguir así».

¿El resultado? El Gobierno Vasco tiene ahora mismo en sus manos 6.500 viviendas de propietarios privados que ha incorporado al parque público. Para finales de 2021 aspiran a que esa cifra llegue a las 7.200 gracias a la próxima entrada en vigor de un nuevo reglamento de viviendas deshabitadas que penaliza con un canon importante su desocupación.

«Al tener este tipo de políticas aburridamente constantes, ahora nos encontramos con que tenemos 25.000 viviendas públicas en alquiler. Esto nos convierte en la segunda comunidad con más parque público de España, sólo por detrás de Andalucía», explica el Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

Vitoria, un ejemplo a seguir

Otra de las claves de su plan de alquiler social llegó en 2003, cuando se decidió que todas las viviendas de protección pública construidas o por construir, ya fueran de iniciativa privada o pública, conservaran su calificación de vivienda protegida de manera permanente. Este gran paso hizo que a día de hoy en el territorio haya 76.000 viviendas VPO que lo serán para toda la vida.

Esta apuesta se materializó especialmente en Vitoria, una ciudad en la que en sólo 10 años se construyeron más de 15.000 viviendas de protección pública. «Aquí todo el mundo que quiso en su momento acceder a una vivienda lo consiguió«, comenta Yoldi, «mayoritariamente en propiedad, si bien el alquiler ya ha empezado a ser un porcentaje importante».

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Pero esta medida de construir VPO permanentes no funcionó especialmente en las otras capitales vascas, Bilbao y San Sebastián, porque no tenían tanto suelo disponible como Vitoria. Es por eso que el Gobierno decidió buscar otras vías y optó por movilizar las viviendas deshabitadas.

 Otros puntos clave del modelo vasco de alquiler social

  • En el País Vasco es obligatorio por ley que un 40% del suelo urbano y un 75% del suelo urbanizable sea destinado a viviendas de protección pública.
  • Existen desgravaciones fiscales tanto a la compra, como al alquiler y a la rehabilitación de las viviendas.
  • El programa Gaztelagun concede ayudas de hasta 250 euros para el alquiler a jóvenes de entre 18 y 35 años con unos ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales a título individual, 24.000 euros como unidad familiar o 28.000 euros en el caso de familias numerosas.
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