02/08/2021

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El Supremo da «una luz de esperanza» a los afectados por la venta de las viviendas sociales de Madrid

Prueba 4

Nidia sigue con la mitad de su casa empaquetada. No se ha atrevido a sacar todo lo que guardó para afrontar las dos órdenes de desahucio que ha conseguido esquivar. La última, en junio del pasado año. Mantiene un litigio desde hace años con el fondo que compró casi 3.000 viviendas de alquiler social a la Comunidad de Madrid. Esta semana una sentencia del Supremo puede haber aclarado algo más su futuro. 

El alto Tribunal acaba de ratificar que el fondo de inversión (Encasa Cibeles) no puede desahuciar a los inquilinos porque una sentencia previa anuló la operación de venta. La empresa “carece de la condición de propietario y arrendador”, argumenta el Supremo. Nidia no se atreve, sin embargo, a mostrarse optimista. 

Como ella cerca de 1.700 familias viven en otras tantas casas que aún mantiene la empresa y que están en un limbo judicial tras las últimas decisiones de los Tribunales. La Justicia ha decretado que la Comunidad de Madrid tiene que volver a hacer cargo de las viviendas que fueron vendidas, pero el Gobierno madrileño se niega de momento alegando las dificultades del proceso.

Tras dos intentos de desahucio… una luz de esperanza

“Me adjudicaron la vivienda en 2010 en el Ensache de Vallecas, estaba divorciada y tenía tres niños pequeños. Tras la venta nos dijeron que solo iban a administrar los recibos, pero nos engañaron y poco después empezaron a coaccionarnos”, asegura Nidia, que trabaja como limpiadora y tuvo que vender recuerdos de su madre para poderse pagar un abogado que le asesorara en este proceso.

La empresa le ha dicho al juez que yo no pagaba nada. No es verdad, jamás he dejado de pagar. Es la casa donde vivo con mis hijos…”, explica. Ni siquiera dejó de hacerlo, dice, cuando el banco dejó de cobrarle el alquiler. “Me di cuenta rápido y conseguí el número de cuenta para poder seguir haciendo transferencias todos los meses a Encasa Cibeles”. Un alquiler que subió de los 238 euros que pagaba al IVIMA (Comunidad de Madrid) a los 435 euros que abona ahora.

Desde hace más de tres años, cuando recibió la primera orden instándole a abandonar su vivienda, está un proceso judicial con la empresa. Mientras llega el resultado de su última apelación ante los tribunales espera que la reciente sentencia del Supremo sea el “un gran paso” para solucionar su situación.

“La Comunidad de Madrid debe recuperar las viviendas después de que se haya declarado la nulidad de su venta. Dicen que es muy complejo hacerlo, pero yo creo que será igual de complejo que cuando se vendieron. Para nosotros es una luz de esperanza”, dice esta mujer, activista de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que ha llegado a estar en tratamiento por los efectos que esta situación. “Se me cayó el pelo de los nervios. Ahora estoy algo más calmada pero sigo con esta angustia… Es horrible lo que nos ha pasado y no entiendo cómo hemos podido llegar a esto. Es un sinvivir”.

Las batallas pérdidas

Tamara lleva un año viviendo en el distrito madrileño de Villaverde, en una casa donde “gracias a Dios” les realojó la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) tras verse obligada con su marido y sus cinco hijos a abandonar su hogar tras la venta de las viviendas sociales al fondo. “En 2008 me tocó el piso en el sorteo del IVIMA, llevábamos solicitándolo muchos años y cumplíamos todos los requisitos. Recuerdo la entrega de llaves a la que vino hasta Esperanza Aguirre”. Su contrato era indefinido, eran receptores de una renta mínima y de una subvención que dejaba su alquiler de 276 euros en 50 al mes. Pero todo eso cambió en 2003.

“Nos mandaron una carta diciendo que mantenían las condiciones, pero la verdad es que empezaron a volvernos locos y hasta que no han logrado echarnos no han parado”, relata. “En 2015 me llamaron de la empresa, yo entendí que me iban a dejar el alquiler un año más al precio que estábamos pagando, pero luego nos lo subieron. Fueron llegando las demandas y nos decían que si nos íbamos por nuestro pie nos perdonaban la deuda”.

Así estuvieron hasta enero del pasado año. El día 15 tenían la fecha para su desahucio y decidieron entregar las llaves. “Me daba miedo que vinieran los GEOS, temía hasta que me quitaran a mis hijos”, explica enfadada todo el proceso que le llevó hasta el hospital con un ataque de nervios.

Y ahora, años después y desde otro barrio de Madrid “lejos de toda mi familia y mi vida” intenta comprender las decisiones de la Justicia que anulan toda la venta de las viviendas del IVIMA. “No entiendo nada, ahora me dicen que las viviendas han vuelto a la Comunidad de Madrid. No quiero ni una compensación ni nada, yo lo que quiero es volver a mi barrio, a mi casa, y me voy a morir con la pena de haberme tenido que ir”, explica esta mujer de 40 años mientras recuerda a todas las familias que como ellos tuvieron que abandonar las viviendas sociales.

Los compradores de las viviendas

Aunque la declaración que anula la venta de las casi 3.000 viviendas es firme, la Comunidad de Madrid ha pedido que se suspenda la ejecución de la sentencia por la enorme complejidad que tiene el asunto. Alegan, desde el Gobierno madrileño, que puede haber perjuicio para quienes en este tiempo hayan comprado la parte de los pisos que vendió Encasa Cibeles y que suponen más de 1.200 inmuebles.

Un argumento que Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)  considera absurdo. “La Comunidad no se ha preocupado para nada del perjuicio de los afectados y de la gente que sigue en las casas, sino que habla de unos terceros que no han aparecido en ningún momento por el procedimiento. Además, la gente que en estos años haya comprado de buena fe estos pisos estará protegida. Su compra no se va a poder anular, se tiene que revertir la operación para lo que sea reversible a estas alturas”.

Rubio, abogado de muchos de los afectados por la venta de las viviendas del IVIMA, asegura que el plan de negocio del fondo de inversión siempre pasó por expulsar a los inquilinos de renta baja para sustituirles por otros de renta media o media alta a los que cobrarles 700 euros por piso. “Les pasaban un recibo con 150 euros más y empezaban impagos, a otros les llegaban cartas informándoles de que no les renovaban el contrato, y también mandaban a mediadores a los bloques y ofrecían a la gente 2.000 o 3.000 euros para que se fueran”.

Todos esos procedimientos llevaron, explica, a conseguir numerosas órdenes de desahucio que se han suspendido por la vulnerabilidad de los afectados y que ahora están un limbo tras las últimas decisiones judiciales. La sentencia del Supremo impide que Encasa Cibeles promueva ningún desahucio más, por lo que considera que la Comunidad debe desbloquear esta situación.

“Sin lanzar las campanas al vuelo creo que estamos al final de un proceso muy duro y muy triste, que parece que va a tener un final digno para las personas que han resistido dentro de las viviendas. La lástima es toda la gente que ha sido expulsada durante estos años y para los que va a ser difícil encontrar una reparación”, pronostica y reclama la puesta en marcha de oficina de atención a los afectados para ir ordenado y restableciendo los contratos de las más de 1.700 familias que ahora no saben de quien son las casas en las que viven.

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